La Cámara de Diputados aprobó ayer, en segunda lectura, el proyecto de Ley que prohibiría por un período de 10 años la exportación de chatarras y desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo los que provengan de procesos de fundición.
Los debates se concentraron en el artículo tres, que prohíbe, a partir del primer año de promulgación de la Ley, la exportación de pilas y baterías de pilas, eléctricas, baterías o acumuladores de vehículos, camiones, inversores, montacargas y de cualquier clase o tipo, enteras, trituradas o partidas en pedazos. Además, acumuladores eléctricos incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares.
Esta propuesta se incluyó en la ley a solicitud empresarios del sector que luego acusaron a la comisión de actuar por la libre, según denunció el presidente de la comisión Alberto Atallah.
Fue desechada, a iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, una propuesta del diputado Marino Collante y el vocero del PLD, Gustavo Sánchez, para incrementar en cinco años el plazo de la prohibición de la exportación de baterías usadas.
Martínez refirió que el Congreso debe legislar para favorecer a los que cumplen con las leyes y para proteger la salud de los ciudadanos.
Fue aprobada con 94 votos a favor, nueve en contra y 37 no votaron, por lo que la iniciativa que pasa al Senado para su ponderación.
Se elevaría a criminal la violación de la Ley y las penas serían de cinco a diez años contra los delincuentes que sustraen metales de museos, estatuas, monumentos, puentes y avenidas, entre otros.
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