La firma Anjin Investments, dedicada a la minería de piedras preciosas en Zimbabwe, no puede comerciar la mercadería por sospechas sobre tráfico de gemas y violaciones a los derechos humanos en sus yacimientos. En declaraciones publicadas por el diario estatal The Herald, el gobernador de la provincia zimbabuense de Manicalandia, Christopher Mushowe, denunció que la empresa, en la que participa el Ejército local, acumula el material por "el continuo abuso del Proceso de Kimberley por parte de algunos países occidentales". El Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS) es el organismo que regula el comercio de las piedras preciosas y se asegura de que el comercio de éstas no alimenta conflictos en las zonas donde son extraídos...
El gobierno de Zimbabwe considera que los países occidentales miembros del Proceso de Kimberley están retrasando deliberadamente la certificación de las piedras preciosas extraídas de los polémicos yacimientos de Chiadzwa por sus sospechas sobre tráfico de gemas y abuso de los derechos humanos. El pasado mes de junio, el director del KPSC levantó la prohibición que pesa sobre los diamantes de Marange, pero la medida provocó las críticas de otros miembros del organismo internacional, entre ellos, la Unión Europea, los EEUU y Canadá.
Varios grupos de defensa de los derechos humanos alertan que estos abusos continúan aún hoy. En 2008, el Ejército de Zimbabwe mató a unos 200 civiles en una redada contra la minería ilegal, según la ONG Human Rights. Seis empresas distintas, entre ellas dos chinas, tienen licencia para explotar los campos de diamantes de Marange; la mayoría de ellas, aliadas de la facción del gobierno zimbabwense de Mugabe, en el poder desde 1980.
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