El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el informe estadounidense que denuncia supuestas violaciones de derechos humanos en el país como "un simple ejercicio burocrático que revela el desconocimiento sobre la realidad de un país soberano, empeñado en el fortalecimiento de un verdadero régimen de derecho".
El canciller Carlos Morales Troncoso consideró "improcedente y poco constructivo" que los Estados Unidos se arroguen la prerrogativa de enjuiciar al resto del mundo, particularmente sobre problemas que afectan a todos los países y de los cuales ellos tampoco escapan.
"Todos los ciudadanos de República Dominicana son simplemente dominicanos, sin necesidad de que les recuerden su origen o raza, como en Estados Unidos", señaló. "A ningún extranjero, residente legal o no aquí, se le pide una tarjeta de crédito, dinero o documentación alguna para brindarle servicios urgentes o no de salud en los hospitales públicos", agregó.
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce avances en el campo de los derechos pero sostiene que aún existen "serios problemas", los cuales van desde los "crímenes, palizas y otros abusos a sospechosos, detenidos y prisioneros" hasta "severas condiciones de las cárceles".
A la mención de cada avance opone de inmediato una consideración negativa, como en la referencia a la mejoría en el nuevo modelo carcelario, del que dice se ha ejecutado a expensas de la calidad en el resto del sistema.
"La realidad es que esos informes no son más que compilaciones burocráticas muy crudas de informaciones provenientes de fuentes que en muchos casos no son verificadas", indicó.
A su entender, el Gobierno estadounidense, al embarcarse en la titánica labor de juzgar a casi todos los países del mundo y asediado por fuertes recortes presupuestarios fruto de los años de crisis económica, no se encuentra en condiciones de realizar investigaciones individuales exhaustivas y justificadas.
En algunos informes, señala el Ministerio de Relaciones Exteriores por boca de su representante, se ha detectado el uso de fuentes con informaciones y cifras de cinco y hasta diez años de publicación.
Es común que los informes documenten como veraces declaraciones y denuncias realizadas por ONGs que nunca han sido sujetas a investigación según la legislación dominicana.
"Hay organizaciones no gubernamentales con serios problemas de legitimidad, cuya única manera de justificar sus salarios y donaciones extranjeras es denunciando a la República Dominicana sin tomar en consideración nuestros esfuerzos constantes para cumplir con nuestras obligaciones internacionales y vigilancia en el cumplimiento de las leyes", expuso Morales Troncoso.
En ese informe dado a conocer el jueves por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se denuncia la "discriminación hacia los inmigrantes de Haití y sus descendientes" y se destaca que los dominicanos han hecho caso omiso a los derechos laborales fundamentales.
"Por lo visto los redactores del informe desconocen que el tema del color de la piel en nuestros países en modo alguno puede ser enjuiciado a partir de la experiencia norteamericana, como se ha demostrado en estudios sobre la percepción racial de los hispanos en territorio estadounidense", señaló.
Morales Troncoso tildó de "inverosímil" la actitud de crítica de los Estados Unidos, al destacar la política restrictiva que mantienen hacia los inmigrantes haitianos y el retorno inmediato de balseros de esa nacionalidad que encuentran en sus aguas territoriales.
Según el funcionario, en la República Dominicana se protegen los derechos humanos y civiles de los inmigrantes haitianos, la mayoría indocumentados, y que eso es reconocido por los nacionales del vecino país que viven en territorio dominicano.
Recalcó que los cientos de miles de haitianos que viven en el país acceden regularmente a servicios públicos y que sus derechos laborales están salvaguardados por el Código Laboral y protegidos por el sistema jurídico.
En cuanto al tema de la nacionalidad, el Canciller defendió como lo ha hecho ya reiteradamente frente a las autoridades estadounidenses y a las ONGs, "el derecho soberano de la República Dominicana a implementar su propia política de ciudadanía y migración, como lo hacen todos los países del mundo".
Rechazó enfáticamente la supuesta aplicación retroactiva de las leyes de migración alegada por el Gobierno de los Estados Unidos y las ONGs que han influenciado su posición, recalcando que existe gran claridad en torno a la legalidad de la posición dominicana, sustentada por múltiples sentencias de la Suprema Corte de Justicia y la actualización de la legislación que rige la materia.
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