La renuncia de Miguel Ángel García como administrador del Departamento de Informática de la Junta Central Electoral (JCE) se debió a que querían colocar al director de ese departamento, Franklin Frías, como el único responsable del área de cómputos, según denunció el renunciante. Indicó que en el acta 30 del año 2003 se nombra al director general de Informática, siendo el funcionario de mayor jerarquía en el departamento, y desde hace unos años, y en los últimos meses, se han degradado y disminuido las funciones del administrador. En una entrevista en el programa El Informe, aclaró: “Nosotros no íbamos a estar allá, dándole soporte a lo que era el cómputo electoral como sello gomígrafo”. En el espacio sostuvo que aunque ese proceso de degradación de sus funciones se daba desde hace años, y muy específicamente en los últimos meses, el detonante para que tomara la decisión de dimitir fue un memorando con la firma de Franklin Frías, que prohibía “la transmisión y/o modificación a cualquier registro de las bases de datos de la JCE solicitados por otras instancias de la institución sin la debida autorización y/o conocimiento de quien suscribe”...
Afirma que esa correspondencia con la firma de Frías nunca debió salir sin pasar por sus manos, puesto que era el funcionario de mayor responsabilidad del departamento, como dice la resolución. “Las informaciones que aparecen ahí (en el memorando) han pasado desapercibidas y ahí hay una especie de acusación implícita de que se están haciendo modificaciones, pero ninguna información que llegara al Departamento de Informática se hacía sin el conocimiento de nosotros”, refiere García. Aprovechó para recordar que no entró a la JCE por iniciativa propia, sino que fue llamado en dos ocasiones. Explicó que la primera vez que fue solicitado fue en el año 1999 para asesorar en el centro de cómputos, en los comicios del 2000, junto con otros técnicos del sector privado, debido a que una parte de la comunidad política no confiaba en Franklin Frías como director de Informática. Por esas mismas razones le pidieron en 2003 que fuera administrador de Informática.
“Y también accedí, muy a pesar de las recomendaciones de familiares y amigos que me decían ‘no te metas allá’, y fíjese, exactamente tenían ellos razón”, narró García. Ahora, expresa, se siente profundamente arrepentido de haber aceptado el cargo y asegura que de ningún modo volvería a la Junta. Niega que su renuncia se haya debido a rivalidad con el director de Informática, como se ha publicado. “En los periódicos han estado sirviendo informaciones, personas que ni siquiera tienen la responsabilidad de poner su firma, queriendo decir que uno salió de allá por un asunto de celo profesional. ¿Qué celo profesional podía yo tenerle a la otra persona (Franklin Frías), si es ingeniero civil y el informático era yo? Debía ser entonces completamente lo contrario.
Atropellado en la Junta. García denunció que fue desconsiderado, tanto por el director de Informática, Franklin Frías, como por el presidente de la JCE, Roberto Rosario. Dice que se sintió humillado y desmotivado, y que su esfuerzo y dedicación a tiempo completo para lograr grandes avances en el proceso de modernidad de la automatización no fue valorado en su justa medida. “Realmente la situación en que yo me encontraba allá era muy difícil, porque tenía una persona que no era un colaborador a mi lado, y como se dice, con el jefe en contra”, dijo. Puso como ejemplo que en tres ocasiones le solicitó una reunión al presidente de la JCE, Roberto Rosario, para tratar la situación del Departamento de Informática, pero nunca fue atendido.
Del mismo modo, se queja de que desde la misma presidencia le enviaban instrucciones a Frías sin su consentimiento, lo que entendía una descalificación como administrador general de Informática. Su seguridad fue detenida. García, que dejó sentada su decisión de no volver a la JCE, denunció que el martes fue apresada la persona que fungía como guardaespaldas suyo, y que permaneció detenido por más de 24 horas. El técnico teme que al custodio, a quien define como una persona de su confianza, lo obliguen a firmar algún documento que no obedezca a la realidad.
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